En las bases de la creación de Bitcoin -y otras criptomonedas- se puede encontrar claramente explicado que se trata de una ciberdivisa descentralizada y anónima. Precisamente por eso resulta una moneda tan interesante, y se ha asociado en numerosas ocasiones con el blanqueo de divisas o con actividades al margen de la ley.

Probablemente el ministro de Hacienda se haya cegado con las millonarias cotizaciones que Bitcoin alcanzó hace semanas. Pero no ha dedicado ni un minuto a investigar cómo funciona el sistema, especialmente lo complicado que puede ser rastrear el origen y destino del dinero, antes de anunciar a principios de semana en el plan antibitcoin.

O eso, o se trata sencillamente de un anuncio publicitario de autobombo sin más trascendencia real… como ocurre con la lucha contra la corrupción o los rescates sin gasto para el ciudadano. Si no lo han hecho con las cuentas en los paraisos fiscales, nada parece indicar que tengan la intención real (ni herramientas suficientes) para hacerlo con Bitcoin.

Lo cierto es que a la hora de recaudar impuestos sobre Bitcoin, o cualquier otra criptomoneda, Hacienda (o cualquier otra organización) lo tiene muy difícil. Al menos mientras ese dinero siga moviéndose en ciberdivisas.

El único punto en el que la Agencia Tributaria puede detectar ‘algo’ es en el momento de su compra o de su venta, es decir cuándo existe una transacción con dinero ‘real’ (euros, dólares, etc.). Pero siempre y cuando esa materialización de haga en España y de forma evidente para los controles bancarios. Es decir, la posesión de Bitcoin es irrastreable por lo que fiscalizar sus operaciones es imposible, y tan solo su cambio a euros podría ser detectada si se hace de forma abultada. De lo contrario es como buscar una aguja en un pajar.

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